SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UE 21/12/2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 21 de diciembre de 2016 *

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con

los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas abusivas — Artículo 4,

apartado 2 — Artículo 6, apartado 1 — Declaración de nulidad — Limitación por

el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una

cláusula abusiva»

En los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con

arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Granada

(C-154/15), mediante auto de 25 de marzo de 2015, recibido en el Tribunal de

Justicia el 1 de abril de 2015, así como por la Audiencia Provincial de Alicante

(C-307/15 y C-308/15), mediante autos de 15 de junio de 2015, recibidos en el

Tribunal de Justicia el 1 de julio de 2015, en los procedimientos entre

Francisco Gutiérrez Naranjo

y

Cajasur Banco, S.A.U. (asunto C-154/15),

Ana María Palacios Martínez

y

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) (asunto C-307/15),

Banco Popular Español, S.A.,

y

Emilio Irles López,

Teresa Torres Andreu (asunto C-308/15),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, la

Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. M. Ilešič, Presidentes de Sala, y los

Sres. J. Malenovský, E. Levits (Ponente), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev,

C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, y F. Biltgen y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de

abril de 2016;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre del Sr. Gutiérrez Naranjo, por la Sra. A.M. Navarro Vidal,

procuradora, y los Sres. A. Martínez Muriel, D. Pineda Cuadrado y L. Pineda

Salido, abogados;

– en nombre de la Sra. Palacios Martínez, por el Sr. F.J. Zambudio Nicolás,

abogado, y la Sra. R. López Coloma, procuradora;

– en nombre del Banco Popular Español, S.A., por las Sras. C. Fernández

Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas y el Sr. J. Capell, abogados;

– en nombre de Cajasur Banco, S.A.U., por los Sres. J. Ramón Peñalver y

D. Sarmiento Ramirez-Escudero, abogados;

– en nombre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), por el

Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. A. Rodríguez Conde, abogados;

– en nombre del Sr. Irles López y de la Sra. Torres Andreu, por la

Sra. Y. Sánchez Orts, procuradora, y el Sr. F. García Cerrillo, abogado;

– en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis y el

Sr. M. Sampol Pucurull, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y por los

Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de

agente;

– en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S. Simmons y el

Sr. L. Christie, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. S. Ford, Barrister,

así como por la Sra. K. Smith y el Sr. B. Kennelly, QC;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. D. Roussanov, N. Ruiz

García y J. Baquero Cruz, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el

13 de julio de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación, en

particular, de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con

consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137,

p. 13).

2 Dichas peticiones han sido presentadas en el contexto de asuntos en los que varias

personas que han suscrito préstamos hipotecarios litigan con entidades de crédito

en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas sobre la base de cláusulas

contractuales cuyo carácter abusivo ha sido declarado por los tribunales.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El décimo considerando de la Directiva 93/13 afirma lo siguiente:

«[…] puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la

adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas […]».

4 El considerando duodécimo de la misma Directiva precisa:

«[…] es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto

del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante

disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva».

5 Según el considerando vigesimocuarto de la Directiva 93/13:

«[…] los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios

apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos

celebrados con consumidores».

6 A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13:

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se

considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe,

causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los

derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»

7 Con arreglo al artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la misma Directiva:

«Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya

sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su

contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.»

8 El artículo 4 de dicha Directiva dispone lo siguiente:

«1. Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se

apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto

del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las

circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás

cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.

2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la

definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y

retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse

como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera

clara y comprensible.»

9 El artículo 5 de la misma Directiva precisa:

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o

algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas

siempre de forma clara y comprensible. […]»

10 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las

condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que

figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el

contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste

puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

11 A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva:

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los

competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el

uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y

consumidores.»

Derecho español

Legislación

12 Según el artículo 1303 del Código Civil:

«Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse

recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y

el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.»

13 El artículo 82, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la Defensa

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE n.o 287, de 30 de

noviembre de 2007), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo

sucesivo, «LGDCU»), dispone lo siguiente:

«Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas

individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en

contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y

usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes

que se deriven del contrato.»

14 El artículo 83 de la LGDCU prevé:

«Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.

A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las

cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo

obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin

dichas cláusulas.»

15 El artículo 5, apartado 5, de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la

Contratación, de 13 de abril (BOE n.o 89, de 14 de abril de 1998), en su versión

aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «LCGC»), dispone lo siguiente:

«La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de

transparencia, claridad, concreción y sencillez.»

16 El artículo 7 de la LCGC prevé:

«No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera

completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido

firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en

cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito

por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su

ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.»

17 A tenor del artículo 8 de la LCGC:

«1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en

perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma

imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el

caso de contravención.

2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas,

cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor […].»

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

18 Habiendo de conocer de una acción colectiva ejercitada contra varias entidades de

crédito por una asociación de consumidores, en la sentencia n.o 241/2013, de 9 de

mayo de 2013 (en lo sucesivo, «sentencia de 9 de mayo de 2013»), el Tribunal

Supremo, tras constatar el carácter abusivo de las cláusulas que establecían un

umbral mínimo por debajo del cual no podía situarse el tipo de interés variable (en

lo sucesivo, «cláusulas suelo»), cláusulas contenidas en las condiciones generales

de los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores, declaró

la nulidad de tales cláusulas.

19 El Tribunal Supremo consideró que las mencionadas cláusulas, que se refieren a la

definición del objeto principal de los contratos de que se trata, resultaban

gramaticalmente inteligibles para los consumidores y, por tanto, cumplían el

requisito de redacción de manera clara y comprensible que exige el artículo 4,

apartado 2, de la Directiva 93/13. De este modo, para dicho Tribunal no procedía

considerar que tales cláusulas tuvieran carácter abusivo, de conformidad con la

jurisprudencia formulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 3 de junio

de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C-484/08,

EU:C:2010:309).

20 No obstante, basándose específicamente en los principios formulados por el

Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb

(C-92/11, EU:C:2013:180), el Tribunal Supremo consideró que la exigencia de

transparencia, prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, debe

entenderse referida a la observancia no sólo de un aspecto formal sino también de

un aspecto material, con el mismo alcance que la exigencia contemplada en el

artículo 5 de la misma Directiva y relacionado con el carácter suficiente de la

información que se facilita a los consumidores, en el momento de la celebración

del contrato, acerca de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas para

ellos de la aplicación de las cláusulas relativas, en particular, al objeto principal

del contrato.

21 Pues bien, según el Tribunal Supremo, en el asunto que dio lugar a la sentencia de

9 de mayo de 2013, no se cumplía la exigencia de transparencia material, en la

medida en que las entidades bancarias de que se trataba no habían facilitado tal

información a los consumidores en el momento de la celebración de los contratos

de préstamo que contenían una cláusula suelo. Así pues, el Tribunal Supremo

procedió a analizar el carácter eventualmente abusivo de las mencionadas

cláusulas, a la luz de los criterios generales de buena fe, equilibrio y transparencia

enunciados en el artículo 3, apartado 1, en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo

5 de la Directiva 93/13, y declaró la nulidad de esas cláusulas suelo en razón de su

falta de transparencia derivada de la insuficiente información facilitada a los

prestatarios en cuanto a las consecuencias concretas de la aplicación de las mismas

en la práctica.

22 El Tribunal Supremo declaró no obstante que los contratos de préstamo

hipotecario en cuestión podían subsistir y, además, limitó la retroactividad de los

efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo.

23 A este respecto, tras recordar que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia en materia de declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, debía

considerarse que las cláusulas en cuestión no habían surtido efecto alguno, el

Tribunal Supremo declaró que, no obstante la regla general de eficacia retroactiva

de las declaraciones de nulidad, esta eficacia no podía ser impermeable a los

principios generales del Derecho y, entre ellos, de forma destacada, al principio de

seguridad jurídica.

24 El Tribunal Supremo declaró que las cláusulas suelo eran lícitas en cuanto tales;

que respondían a razones objetivas; que no se trataba de cláusulas inusuales o

extravagantes; que su utilización había sido tolerada largo tiempo por el mercado

de préstamos inmobiliarios; que la nulidad de las mismas derivaba de una falta de

transparencia debido a la insuficiencia de la información a los prestatarios; que las

entidades crediticias habían observado las exigencias reglamentarias de

información; que la finalidad de la fijación del tope mínimo respondía a la

necesidad de mantener un rendimiento mínimo de los referidos préstamos

hipotecarios que permitiera a las entidades bancarias resarcirse de los costes de

producción y mantenimiento de estas financiaciones; que las cláusulas suelo se

calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a

pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir sus

comportamientos económicos; que la legislación española permitía la sustitución

del acreedor, y que la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas

en cuestión generaría el riesgo de trastornos económicos graves.

25 En consecuencia, a la luz de las mencionadas consideraciones, el Tribunal

Supremo, con fundamento en el principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia

temporal de su sentencia y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha

de su publicación, declarando que la nulidad de las cláusulas suelo controvertidas

no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales

con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de

2013, de manera que tan sólo deberían restituirse las cantidades indebidamente

pagadas, sobre la base de tales cláusulas, con posterioridad a aquella fecha.

– Sentencia n.o 139/2015, de 25 de marzo de 2015

26 En la sentencia n.o 139/2015, de 25 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «sentencia

de 25 de marzo de 2015»), el Tribunal Supremo confirmó la limitación de los

efectos retroactivos de la declaración de nulidad de una cláusula suelo en el marco

de la demanda individual de un consumidor que reclamaba la restitución de las

cantidades indebidamente pagadas sobre la base de una cláusula de este tipo. Al

proceder de esta manera, el Tribunal Supremo hizo extensiva a las acciones

individuales de cesación y de reparación la solución adoptada anteriormente por la

sentencia de 9 de mayo de 2013 en lo relativo a las acciones colectivas de

cesación. Así pues, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 25 de marzo de

2015, la obligación de restitución se limitó exclusivamente a las cantidades

indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de 9

de mayo de 2013.

Hechos de los litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C-154/15

27 El Sr. Francisco Gutiérrez Naranjo celebró con Cajasur Banco, S.A.U., un contrato

de préstamo hipotecario que contenía una cláusula suelo.

28 Basándose tanto en la Directiva 93/13 como en la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, el Sr. Gutiérrez Naranjo presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n.o 1

de Granada una demanda con objeto de que dicho Juzgado declarara la nulidad de

la referida cláusula suelo y ordenara la restitución de las cantidades indebidamente

pagadas con fundamento en la misma.

29 El Juzgado remitente se pregunta si el hecho de limitar los efectos de la

declaración de nulidad de una cláusula contractual, en razón de su carácter

abusivo, exclusivamente al período posterior a esta declaración de nulidad resulta

compatible con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13.

30 En consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Granada decidió suspender el

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones

prejudiciales:

«1) La interpretación de “no vinculación” que realiza el art. 6.1 de la Directiva

93/13, ¿es compatible en estos supuestos con una interpretación que

determine que la declaración de nulidad de la citada cláusula no obstante

extiende sus efectos hasta que se declare la misma? Y por tanto que aunque

se declare su nulidad se entenderá que los efectos que ha producido durante

su vigencia no quedarán invalidados o ineficaces.

2) El cese en el uso que pudiera decretarse de una determinada cláusula (de

conformidad a los apartados primeros de los artículos 6 y 7) en una acción

individual ejercitada por un consumidor cuando se declare su nulidad: ¿Es

compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad? ¿Es posible

moderar (por los tribunales) la devolución de las cantidades que haya pagado

el consumidor ―a que esté obligado el profesional― en aplicación de la

cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de

información y/o transparencia?»

Asunto C-307/15

31 La Sra. Ana María Palacios Martínez celebró el 28 de julio de 2006 un contrato de

préstamo hipotecario con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en lo

sucesivo, «BBVA»), en el que se incluía una cláusula suelo.

32 El 6 de marzo de 2014, la prestataria presentó una demanda ante el Juzgado de lo

Mercantil n.o 1 de Alicante solicitando que se declarara la nulidad por abusiva de

la mencionada cláusula suelo, así como obtener la devolución de las cantidades

indebidamente pagadas a la entidad bancaria.

33 En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil, remitiéndose a la solución

adoptada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013, estimó

que la acción había quedado sin objeto, si bien entendía procedente la devolución

a la demandante de las cantidades que la entidad bancaria pudiera haber percibido

en virtud de dicha cláusula suelo a partir de la fecha en que se dictó aquella

sentencia.

34 Habiendo de conocer de un recurso de apelación, la Audiencia Provincial de

Alicante alberga dudas acerca de la compatibilidad de la solución adoptada en

primera instancia con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13.

35 Según la Audiencia Provincial de Alicante, la irretroactividad de la declaración de

nulidad de una cláusula abusiva puede entrar en contradicción tanto con los

objetivos de la citada Directiva como con la prohibición de moderar por vía

judicial los efectos de una cláusula abusiva. Por otro lado, la Audiencia Provincial

duda de que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de mayo de 2013

concurrieran los requisitos que el Tribunal de Justicia exige para que puedan

limitarse en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula

abusiva.

36 En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones

prejudiciales:

«1) ¿Es compatible con el principio de no vinculación [de las cláusulas abusivas]

reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 que los efectos

restitutorios derivados de la declaración de nulidad por abusiva de una

cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo no se retrotraigan a la fecha

de celebración del contrato sino a una fecha posterior?

2) El criterio de buena fe de los círculos interesados que opera como

fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva derivada [de la

nulidad] de una cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del Derecho de

la Unión que deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto de los

Estados miembros?

3) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué presupuestos deben atenderse para

determinar la existencia de la buena fe de los círculos interesados?

4) En cualquier caso, ¿es conforme con la buena fe de los círculos interesados

la actuación del profesional en la generación del contrato, que ha motivado la

falta de transparencia determinante de la abusividad de la cláusula?

5) El riesgo de trastornos graves que opera como fundamento de la limitación

de la eficacia retroactiva derivada [de la nulidad] de una cláusula abusiva,

¿es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que deba interpretarse de

manera uniforme por el conjunto de los Estados miembros?

6) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué criterios deberían ser tomados en

consideración?

7) El riesgo de trastornos graves, ¿debe valorarse tomando sólo en

consideración el que se pueda producir para el profesional, o también se

deben tomar en cuenta el quebranto que se ocasione a los consumidores por

la no restitución íntegra de las cantidades abonadas en virtud de dicha

cláusula suelo?»

Asunto C-308/15

37 El 1 de junio de 2001, el Sr. Emilio Irles López y la Sra. Teresa Torres Andreu

celebraron con el Banco Popular Español, S.A. (en lo sucesivo, «Banco Popular»),

un contrato de préstamo hipotecario que incluía una cláusula suelo. Mediante

escrituras de novación de 2 de mayo de 2007 y de 14 de junio de 2007, las partes

contratantes acordaron sendos aumentos de la cuantía del crédito. Cada una de las

escrituras de novación contenía una cláusula suelo.

38 Al considerar que las circunstancias de su consentimiento a las cláusulas suelo se

habían caracterizado por una falta de transparencia, los prestatarios presentaron

ante el Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Alicante una demanda mediante la que

solicitaban que se declarara la nulidad de las cláusulas suelo y que se ordenara la

devolución de las cantidades indebidamente pagadas con fundamento en las

mismas.

39 La demanda fue estimada en primera instancia por el citado Juzgado de lo

Mercantil, el cual condenó al Banco Popular a restituir a los prestatarios las

cantidades indebidamente pagadas, en aplicación de las cláusulas suelo

mencionadas, a partir de la celebración del contrato de préstamo y de las escrituras

de novación de éste.

40 El Banco Popular interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de

Alicante, basándose en las sentencias de 9 de mayo de 2013 y de 25 de marzo

de 2015.

41 La Audiencia Provincial de Alicante, por un lado, alberga dudas acerca de la

compatibilidad de la limitación de los efectos de la declaración de nulidad de una

cláusula abusiva con el artículo 6 de la Directiva 93/13. Por otro lado, según esta

Audiencia Provincial, el hecho de que, en la sentencia de 25 de marzo de 2015, el

Tribunal Supremo hiciera extensiva a las acciones individuales la solución que

había adoptado en la sentencia de 9 de mayo de 2013 en el contexto de una acción

colectiva podría tener como efecto restringir el derecho de los prestatarios,

considerados individualmente, a la tutela judicial efectiva, en la medida en que las

circunstancias específicas de cada caso concreto no se tomarían en consideración

para determinar el punto de partida de la obligación de restitución que incumbe a

la entidad bancaria que se haya beneficiado de los efectos de una cláusula abusiva.

42 En consecuencia, la Audiencia Provincial de Alicante decidió suspender el

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, además de las cuestiones

prejudiciales que ya había planteado en el marco del asunto C-307/15, una octava

cuestión prejudicial, formulada en los términos siguientes:

«8) ¿Es compatible con el principio de no vinculación del consumidor a las

cláusulas abusivas reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, y con

el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la extensión

automática de la misma limitación de los efectos restitutorios derivados de la

nulidad de una cláusula “suelo” declarada en el seno de un procedimiento

entablado por una asociación de consumidores contra entidades financieras,

a las acciones individuales de nulidad de una cláusula “suelo” por abusiva

instadas por los clientes-consumidores que contrataron un préstamo

hipotecario con entidades financieras distintas?»

43 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2015, se

acordó la acumulación de los asuntos C-307/15 y C-308/15 a efectos de las fases

escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

44 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de agosto de 2015, se

denegaron las peticiones de la Audiencia Provincial de Alicante de que los asuntos

C-307/15 y C-308/15 se tramitaran por el procedimiento acelerado previsto en el

artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el

artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

45 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2015, se

acordó acumular el asunto C-154/15 a los asuntos C-307/15 y C-308/15 a efectos

de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-154/15 y

sobre la primera cuestión prejudicial en los asuntos C-307/15 y C-308/15

46 Mediante las dos cuestiones prejudiciales del asunto C-154/15 y mediante la

primera cuestión prejudicial de los asuntos C-307/15 y C-308/15, que procede

examinar conjuntamente, los tribunales remitentes piden sustancialmente que se

dilucide si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el

sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los

efectos restitutorios vinculados a la declaración judicial del carácter abusivo, con

arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula incluida en un

contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales

efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en

aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución

judicial mediante la que se declaró el mencionado carácter abusivo.

47 Con carácter preliminar, procede examinar la alegación del Gobierno español, de

Cajasur Banco y del Banco Popular, según la cual la cuestión de los efectos de la

declaración del carácter abusivo de una cláusula como las cláusulas controvertidas

en los litigios principales no está incluida en el ámbito de aplicación de la

Directiva 93/13, habida cuenta de que, al efectuar su pronunciamiento, el Tribunal

Supremo garantizó a los consumidores un nivel de protección más elevado que el

que garantiza la propia Directiva.

48 A este respecto, es cierto que de los autos de remisión se desprende que, en la

sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo, para justificar un control

del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas, relativas al objeto

principal de los contratos de que se trataba, interpretó la exigencia de

transparencia a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva en el

sentido de que tal exigencia no se circunscribía a la transparencia formal de las

cláusulas contractuales, que implica el carácter claro y comprensible de la

redacción de éstas, sino que se hacía extensiva a la observancia de la transparencia

material, que implica que sea suficiente la información facilitada al consumidor en

lo que atañe al alcance tanto jurídico como económico de su compromiso

contractual.

49 No obstante, tal como observa el Abogado General en los puntos 46 a 50 de sus

conclusiones, el control de la transparencia material de las cláusulas relativas al

objeto principal del contrato procede del que impone el artículo 4, apartado 2, de

la Directiva 93/13. En efecto, esta disposición prevé, en los mismos términos que

los que figuran en el artículo 5 de la misma Directiva, que las cláusulas

contractuales deberán estar «redactadas […] de forma clara y comprensible».

50 Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una

importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de

un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las

consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar

vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional

basándose principalmente en esa información (sentencia de 21 de marzo de 2013,

RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 44).

51 Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado

1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del

objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto,

antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las

condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está

comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y del

artículo 6, apartado 1, de ésta en particular.

52 Así pues, y en la medida en que los órganos jurisdiccionales remitentes hacen

referencia a la sentencia de 9 de mayo de 2013, que limitó el efecto restitutorio de

la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo, procede examinar si el

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que

autoriza a que un tribunal nacional establezca una limitación de este tipo.

53 A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros

establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por

sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato

celebrado entre éste y un profesional.

54 Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones

nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas

de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2013,

Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 44).

55 Por otro lado, se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar el

equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las

partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas

(sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10,

EU:C:2012:349, apartado 63).

56 Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la

protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de

inferioridad en relación con los profesionales, y tal como se desprende del artículo

7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigesimocuarto

considerando, esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de

prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en

los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» (sentencia de 30 de

abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78).

57 Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin

aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos

vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de

la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco

Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65).

58 En este contexto, por una parte, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter

abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la

Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que exista entre el

consumidor y el profesional, desde el momento en que disponga de los elementos

de hecho y de Derecho necesarios al efecto.

59 En efecto, la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 exige

que el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una

cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a

que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que

solicite que se anule dicha cláusula (sentencia de 30 de mayo de 2013, Jőrös,

C-397/11, EU:C:2013:340, apartado 42).

60 Por otra parte, al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el

contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a

eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que,

pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los

consumidores (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2015, Unicaja

Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21,

apartado 31 y jurisprudencia citada).

61 De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la

Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en

principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de

manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la

declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como

consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de

Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha

cláusula.

62 De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación

una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser

cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto

restitutorio en relación con tales importes.

63 Efectivamente, la exclusión de tal efecto restitutorio podría poner en cuestión el

efecto disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación

con el artículo 7, apartado 1, de esa misma Directiva, pretende atribuir a la

declaración del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos

celebrados por un profesional con los consumidores.

64 Es cierto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 exige que los Estados

miembros establezcan que las cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores

«en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales» (sentencia de 6 de

octubre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615,

apartado 57).

65 No obstante, la regulación por el Derecho nacional de la protección que la

Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de

tal protección ―ni, por tanto, su contenido sustancial―, poniendo de este modo

en cuestión la protección más eficaz del consumidor, mediante la adopción de

normas uniformes sobre cláusulas abusivas, que fue voluntad del legislador de la

Unión Europea, tal como se afirma en el décimo considerando de la propia

Directiva 93/13.

66 Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros,

mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con

arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un

contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es

menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir

que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el

consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la

constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente

por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva.

67 En el caso de autos, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que hacen

referencia los órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal Supremo determinó

que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no

afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales

con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes de la fecha en que se

dictó la propia sentencia y que, por consiguiente, en virtud del principio de

seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración ―especialmente el

derecho del consumidor a la restitución― quedaban limitados a las cantidades

indebidamente pagadas a partir de aquella fecha.

68 A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la

protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en

particular, que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de

aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una

resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición,

cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este

sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones,

C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal

Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que

esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por

resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.

69 Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la fijación de plazos

razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica,

es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 6 octubre de 2009,

Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 41).

70 No obstante, es preciso distinguir la aplicación de una regla procesal ―como es un

plazo razonable de prescripción― de la limitación en el tiempo de los efectos de la

interpretación de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la

sentencia de 15 de abril de 2010, Barth, C-542/08, EU:C:2010:193, apartado 30 y

jurisprudencia citada). A este respecto, procede recordar que, habida cuenta de la

exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la

Unión, el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las

limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo

haya hecho de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la

sentencia de 2 de febrero de 1988, Barra y otros, 309/85, EU:C:1988:42,

apartado 13).

71 Así pues, las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, a las que se

refiere el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no podrán afectar al

contenido sustancial del derecho a no estar vinculado por una cláusula considerada

abusiva, derecho que la citada disposición, tal como ha sido interpretada por la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 54 a 61 de la

presente sentencia, atribuye a los consumidores.

72 Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la

declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en

la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo

consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo

hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la

restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad

bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo

de 2013.

73 De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional ―como la plasmada en

la sentencia de 9 de mayo de 2013― relativa a la limitación en el tiempo de los

efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula

contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sólo permite

garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un

contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad

a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró

dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y

no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula,

en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva

(véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11,

EU:C:2013:164, apartado 60).

74 En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los órganos

jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la

Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales

deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación

de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de

mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de

la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2010,

Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, apartados 29 a 32; de 19 de abril de 2016,

DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016,

Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016,

Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, apartados 67 a 70).

75 De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la

Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una

jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados

a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de

dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un

consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios

exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal

cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la

que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

Sobre las restantes cuestiones prejudiciales

76 Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y

segunda en el asunto C-154/15 y a la primera cuestión prejudicial en los asuntos

C-307/15 y C-308/15, no procede responder a las restantes cuestiones

prejudiciales.

Costas

77 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de

un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste

resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del

litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no

pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una

jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios

vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3,

apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato

celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales

efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente

en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la

resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la

cláusula en cuestión.

Lenaerts Tizzano Silva de Lapuerta

Ilešič Malenovský Levits

Bonichot Arabadjiev Fernlund

Vajda Rodin Biltgen

Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de diciembre de 2016.

El Secretario El Presidente

A. Calot Escobar K. Lenaerts